Los marcos normativos de negociación colectiva vigentes establecen ámbitos diferenciados. Existe un ámbito NACIONAL o general y un ÁMBITO LOCAL o particular. Para tratar salarios, se establece el primero. El Ministerio de Educación, es decir, la SPU y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional-CIN- son quienes deben dar respuesta a las demandas de más de 190 mil docentes universitarios. Debemos recordar que es la única paritaria docente que le compete al gobierno nacional a través del Ministerio de Educación de la Nación. Cualquier intento de cambiar esto es fragmentar la negociación, afectando aún más a cada trabajador.
Y lo que le corresponde a las autoridades locales es gestionar las demandas de cada sector, entendiendo que somos una comunidad educativa, y que deseamos SEGUIR SIÉNDOLO, es decir, se deben anteponer decisiones que no nos opongan ni enfrenten, sino que la intensidad de las gestiones debe dirigirse al nivel desde donde se debe destrabar el conflicto, no castigar al docente más de lo que ya está con la postergación de la recomposición salarial y el desfinanciamiento de la Universidad.
Nuestra lucha nunca ha sido solamente por el salario, sino con una clara defensa de la educación pública. Los datos duros y concretos muestran que el presupuesto para educación es insuficiente, que pasada la puja por salarios el Estado se desentiende y desatiende el sistema educativo, recayendo sobre los hombros de maestros, profesores y personal de apoyo docente el sostenimiento de la calidad educativa que nuestros alumnos reciben.
En ese sentido, el presupuesto universitario 2017, votado por el Congreso Nacional, no contempla los aumentos salariales ni el presupuesto suficiente para atender al conjunto de las necesidades del funcionamiento anual, las cuales incluyen también becas y boleto educativo, reclamos que aúnan a docentes y estudiantes.