La Resolución imperante de la DGE garantizaba el principio de libertad de conciencia y su concepción era esencialmente antidiscriminatoria.

Sin embargo, a partir de este fallo, se desconocen derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y los tratados internacionales en ella incluidos, de respeto a la pluralidad y los derechos humanos.

El estado debe garantizar un escuela  inclusiva, igualitaria y despojada de cualquier doctrina religiosa, que respete la libertad de conciencia. En definitiva, debe el estado debe ser garante de que  la educación  sea pública, laica, gratuita y científica.