El martes 2 de octubre,. A partir de su entrada en vigencia, son varias las acciones por las cuales se podrá sancionar a los mendocinos con multas, trabajos comunitarios o cárcel.

El pasado martes 2 de octubre se aprobó el Código Contravencional impulsado por el poder ejecutivo de la provincia de Mendoza. El Senado le dio aprobación por unanimidad (20 a 0), aunque la votación contó solo con las bancas oficialistas y la del pastor Héctor Bonarrico, del partido Masfe, porque el resto de la oposición se retiró del recinto.

El proyecto del nuevo código de faltas tuvo idas y vueltas entre senadores y diputados. Cada una de esas instancias fue acompañada por la protesta callejera, porque los legisladores, representantes del pueblo mendocino, debatieron a puertas cerradas.  Las voces que no se escucharon en el recinto: sindicatos, organizaciones sociales, se expresaron en la calle.

El proyecto fue presentado por el gobernador Cornejo en mayo de este año a la Legislatura provincial, pero en agosto el mismo Cornejo exigió la celeridad en el tratamiento del mismo a través de sesiones extraordinarias. 

Podemos acordar con Sebastián Henríquez, Secretario General del SUTE, que el Código Contravencional “es una ley que cercena libertades democráticas, como la libertad de protesta. No podemos ni convocar en redes sociales a hacer una manifestación”, y agregó no es casual que el oficialismo haya promovido el Código de Faltas “cuando va a predominar la protesta social” por la crisis que se vive en el país.  Basta recordar la histórica marcha del 30 de agosto pasado para entender por qué el gobierno necesita de una norma que limite la posibilidad de protestar de la única manera que tiene la clase trabajadora y la sociedad en su conjunto: las calles, las plazas, el espacio público en su conjunto.