Este mes se recompone el nomenclador de 1,76 a 1,80 y se percibe un adicional remunerativo no bonificable, equivalente a la antigüedad correspondiente de cada docente. 

El adicional varía entre 9 y el 11% según los cargos y los docentes percibirán una remuneración equivalente al porcentaje de incremento salarial que tendrían con su correspondiente antigüedad. 

Es decir, que nuestros incrementos salariales suman, a este mes, entre el 24% y el 26%. Como el tramo de incremento de octubre es con sumas fijas (remunerativas y no bonificables), no se computan el adicional por zona desfavorable ni títulos de posgrado. Por lo tanto, para Universidades que perciben zona el aumento real será inferior (en Patagonia será aproximadamente del 21%).

Para el mes de octubre, diversos analistas proyectan que la inflación se ubicaría entre el 5% y 6%, con lo cual la acumulada a noviembre sería aproximadamente del 32,56%. O sea que ya en el mes de noviembre estaríamos mínimo un 7 a 8 % por debajo de la inflación. 

Con respecto a las estimaciones de inflación para los meses de noviembre y diciembre, aún considerando previsiones sumamente modestas cercanas al 5%, el cálculo de la acumulada al 15 de enero arrojaría un 42% o 43%. Esto supone que para entonces (faltando enero y febrero), los sueldos de las y los docentes universitarios y preuniversitarios podrían estar casi 20 puntos por debajo de la inflación acumulada, lo cual representa una pérdida inédita del poder adquisitivo de nuestros salarios. 

La paradoja sin embargo, es que con tamaña estampida inflacionaria, además de los tarifazos y la devaluación, no aparezca en el Acuerdo Salarial (que CONADU HISTÓRICA no firmó y rechazó) ninguna cláusula de corrección automática para evitar que se profundice mes a mes el deterioro del poder de compra de nuestros salarios. Solamente está previsto que “Habrá una primera revisión una vez conocido el IPC (Índice de Precios al Consumidor) correspondiente al mes de Diciembre…”, lo cual significa que recién después del 15 de enero convocarán a la primera reunión para empezar la revisión, lo cual puede demorarse dos reuniones o más hasta llegar a algún acuerdo sobre el porcentaje que debería abonar el gobierno nacional. La segunda revisión se realizaría una vez conocido el IPC de febrero, a mediados de marzo, difiriendo el pago de las diferencias salariales para el mes de abril y entretanto nuestros ingresos siguen perdiendo contra la inflación.

La Situación Salarial es muy grave. Por ello, ratificamos ese rechazo y exigimos al Gobierno Nacional la convocatoria a la Mesa de Negociación Salarial para resolver una inmediata recomposición salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo de nuestros sueldos