Ante la desafortunada comparación realizada en la nota publicada en el Diario Los Andes por el periodista Torrez, el día 3 de marzo del corriente, desde la mesa ejecutiva y el cuerpo de delegados del sindicato que nuclea a docentes e investigadores/as de la Universidad Nacional de Cuyo (FADIUNC) nos vemos en la obligación de realizar necesarias aclaraciones al autor de la nota, al medio que lo publica y a la comunidad mendocina en general. 

 

Esta comparación tendenciosa pre-electoral nos parece, al menos, desacertada.

 

La universidad es más que un campus en disputa entre radicales y peronistas. La Universidad Nacional de Cuyo es una institución autónoma, autárquica y cogobernada, con responsabilidad social, comprometida con la educación como bien público, gratuito y laico, como derecho humano y como obligación del Estado y desarrolla sus funciones sustantivas con inclusión, pertinencia y excelencia (Adaptado del Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo). 

 

El gobierno de la universidad tiene como autoridad máxima la Asamblea Universitaria, seguido en autoridad por el Consejo Superior (Adaptado del Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo). Estas aclaraciones son pertinentes porque nuestros cogobiernos son la expresión de diversas corrientes y sectores dentro de la universidad y un logro histórico desde la Reforma del 18. Es decir, el gobierno universitario es compartido por diferentes actores de la comunidad universitaria: docentes, graduados/as, auxiliares, administrativos/as y estudiantes. Si bien una conquista pendiente es incorporar en el cogobierno a trabajadores de los colegios pre-universitarios y de los organismos dependientes de rectorado como el Hospital Universitario, la Dirección General de Deportes, los Organismos Artísticos, del Instituto Balseiro y del Instituto Tecnológico Universitario; restringir el gobierno de la Universidad al Rector y los funcionarios de rectorado es erróneo.

 

El modo de ingreso a la universidad es por concursos (tanto docentes y no docentes), y sólo una minoría de “cargos de gestión” se designan políticamente. A esto debe sumarse otra conquista de la reforma universitaria, la libertad de cátedra que sostiene la absoluta libertad para investigar y enseñar e incluso la posibilidad de crear cátedras paralelas o libres para garantizar diversidad de perspectivas y múltiples opciones para los/as estudiantes. Es decir, la libertad y la autonomía garantizan que la investigación, la docencia y la extensión sean prácticas críticas y se concreten con excelencia. El proceso de efectivización, producto de la paritaria local, permitió superar la sostenida precariedad de contratación que tenían numerosos docentes de probada trayectoria (más de tres años de antigüedad como interinos) y permitir que mediante un proceso de evaluación pudieran acceder a los beneficios y derechos que les corresponden  por tener un cargo efectivo (Siguiendo a Neffa, consideramos que un verdadero empleo sería un empleo asalariado con un contrato por tiempo indeterminado (CDI), que tiene estabilidad en el tiempo y seguridad garantizadas por la legislación y las disposiciones del estatuto o del convenio colectivo de trabajo, ejecutado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, que cuenta con una remuneración adecuada, está registrado contando con la protección del sistema de seguridad social y reúne las demás características de un “empleo decente” según lo define la OIT - "Neffa, Julio y otros, 2010, pág. 121"). 

 

Otro factor fundamental para una “educación de calidad” genuina y seria es el financiamiento. En este sentido no es ninguna novedad el desfinanciamiento crónico y el subfinanciamiento de las universidades nacionales en las últimas décadas. La Ley de Educación Superior de 1995 habilitó que los organismos internacionales presionaran para que las universidades y la  educación superior en general, fueran progresivamente desfinanciadas por el Estado y sometidas a procesos de privatización y arancelamiento, en base a un análisis economicista nefasto. El mismo sostiene que el nivel superior reviste una menor rentabilidad social que la educación básica y beneficia exclusivamente al individuo. ¿Nos preguntamos si no beneficia a toda la sociedad la existencia de médicos/as, educadores/as, ingenieros/as, etc.comprometidos/as con la comunidad y con el desarrollo de pensamiento científico, crítico y solidario como el de quienes formamos en nuestra universidad? 

 

Este “supuesto” atraviesa desde el fallido intento de privatización impulsado por López Murphy en 2001 hasta las desafortunadas declaraciones de María Eugenia Vidal en el discurso frente a empresarios en el 2018.

 

Además, el artículo hace comparaciones tendenciosas de presupuestos y número de trabajadores. En este sentido es preciso aclarar que la relación laboral de los/as trabajadores/as con la universidad es mayoritariamente a tiempo parcial, en modalidades precarias (interinas), incluso sosteniendo formas de trabajo gratuito como los ad-honorem. La comparación económica y del número de trabajadoras/es entre municipios y una Universidad Nacional es desacertada por que se trata de instituciones con funciones y dinámicas diferentes. No aceptamos que se insinúe un exceso de empleados y presupuesto, ya que por el contrario necesitamos mayor inversión en educación. Reclamamos aumento de presupuesto urgente. A modo de ejemplo, el presupuesto 2019 quedó 20% por debajo de la inflación (como los salarios luego de la firma a la baja de los otras federaciones) y fue golpeado por la devaluación y los tarifazos. Los posteriores aumentos no remunerativos no bonificables, no impactan ni en el presupuesto, ni en los aportes a DAMSU (nuestra Obra Social Universitaria) y perjudican a las jubilaciones, tanto actuales como futuras. Para el funcionamiento de las unidades académicas el recorte fue aún más grave, con incrementos que no alcanzan el 12%.

 

Por último, la universidad debería mejorar su acceso, permanencia y garantizar mayor cantidad de egresados. Desde la última reforma de la Ley de Educación Superior, en 2015, se aprobó el ingreso irrestricto, pero la matrícula no aumentó. Para lograr un crecimiento de la universidad será necesario aumentar la inversión y adaptar las estructuras para que la educación no siga privatizandose. La situación económica golpea fuertemente a la sociedad e impacta en la continuidad de los estudios. Esto no es un “desgranamiento natural”, sino que tiene responsables políticos que no aseguran los medios necesarios para garantizar el derecho a la educación. 

 

Desde FADIUNC nos oponemos a la tendencia de distintos gestores de la Universidad a mostrar los salarios como “gastos fijos”. En la Universidad no sobra nadie. Muy por el contrario, debemos crecer para que nuestra Universidad siga siendo pública, gratuita, científica, con salarios dignos y al servicio de las clases populares. 

 

#MásParaUniversidad

#FADIUNCENLUCHA

#EducaciónPúblicayGratuita