Está finalizando el mes de abril y, como se viene repitiendo año tras año (sin importar el color del gobierno de turno), todavía la paritaria salarial docente universitaria no tiene en el horizonte cercano arribar a acuerdo.

 

Nuestra paritaria se encuentra vencida hace dos meses. El acta paritaria firmada en 2018, en su último punto, establece el 28 de febrero de 2019 como límite para la vigencia de la misma. Esto quiere decir que nuestra paritaria se encuentra vencida y con dos meses de atraso.

Durante este 2019, la Mesa de Negociación Salarial se ha reunido solo en dos oportunidades, 10 de abril y 26 de abril, además de una reunión suspendida unilateralmente por el gobierno. En el último encuentro el gobierno ofreció un incremento de un 5% en junio, un 5% en agosto y un 5% en octubre, sobre los salarios de marzo; cláusula de revisión a partir del mes de octubre y blanqueo de las sumas no remunerativas, ni bonificables a partir de enero de 2020.

 

Dicho de otra manera y para que se entienda como mayor claridad: 

 

✓  No recuperamos la pérdida salarial del 2018

✓  Seguimos cobrando 19% de nuestro salario en negro

✓  Se mantiene congelado nuestro salario hasta junio, fecha propuesta para la primera cuota.

✓  Recién en octubre se hará efectivo el pago del 15% 

 

Todo esto en un contexto donde la inflación solo del primer trimestre llegó al 15%

 

Frente a esta situación, exigimos una Negociación Salarial Real. Es decir, que se cumpla con la Negociación Colectiva como derecho fundamental que debe reunir las siguientes características:

 

• Buena fe negocial

• Progresividad

• Capacidad de representatividad

 

Hasta hoy, el gobierno nacional, no ha cumplido con ninguna de estas condiciones. Sabemos que la organización y la lucha son las herramientas que tenemos la clase trabajadora para hacer respetar este derecho. 

 

La docencia universitaria, nucleada en FADIUNC-CONADU Histórica, ha sido respetuosa de los tiempos negociales. Hemos actuado con racionalidad, esperando las instancias de negociación que el gobierno ha dilatado. Está en manos de las autoridades nacionales si el conflicto se extiende en el tiempo, como sucedió en 2018, o por el contrario acerca propuestas que puedan ser sometidas a la consideración de las distintas asambleas para su análisis.