Como docentes nos vemos afectados por la reagudización de la crisis política y económica que estamos viviendo. Nuestra práctica cotidiana sufre las consecuencias de las medidas que toma el gobierno culpando a los mercados y al resultado de las PASO. La deuda con el sistema universitario y científico nacional no empezó el domingo pasado. Sin duda los cambios en el dólar afectan gravemente a la educación. La devaluación aumenta los costos de vida y reduce el poder adquisitivo de salarios acordados en paritaria. Las jubilaciones, que van atrasadas, sufren mucho más. Menos estudiantes pueden mantenerse en sus estudios. La desocupación y el hambre aumentan en nuestro país. Todo este contexto dificulta severamente el proceso educativo e impacta gravemente en nuestras vidas.

Nuestra labor docente requiere apoyo político e inversión. El gobierno durante toda su gestión aplicó políticas que no fueron favorables para las universidades, ofreció acuerdos inaceptables a la docencia y desfinanció las universidades. Logramos detener la flexibilizadora propuesta del Plan Maestr@, pero se pudo instalar el reconocimiento de los trayectos formativos para estudiantes equiparando a las universidades públicas y privadas. Las recientes propuestas como el SIDIUN vuelven a insistir en la dirección de promover lo privado, con un perfil mercantilista y a separar la docencia de la investigación y creación (Ver nota sobre SIDIUN). Su presentación para la región de Cuyo, paradójicamente no se hizo en nuestra universidad - institución con mayor cantidad de investigadoras/es de la región - sino que nos invitaron a mirarla por TV. El limitado presupuesto universitario que recibimos este año ha puesto en riesgo el funcionamiento más elemental de las instituciones al no saber si se podrán pagar los servicios. Estos recortes han frenado drásticamente los concursos, con el recargo que esto provoca a la docencia y que orada nuestra conquista de las efectivizaciones. Vuelve a crecer la proporción de interinatos y se mantienen los formatos de ad honorem porque no hubo crecimiento de los cargos. No hubo despidos como en otras dependencias del Estado, pero se avecina una discontinuidad de los programas porque no se asignó presupuesto genuino para sostenerlos. Estas acciones marcan un desprecio a la educación pública, a la investigación y a la creación al servicio del pueblo que nos sostiene con el pago de altísimos impuestos.

En el difícil marco en que se encuentran las Universidades Nacionales, nos alarma que se utilicen dichas instituciones con fines partidarios. La campaña electoral es un momento que nos convoca a reflexionar y a participar. Sin embargo, nos preocupa que la institucionalidad universitaria se vea avasallada por actos de índole partidaria. En tal sentido, el apoyo público del rector Pizzi a la fórmula política Macri-Pichetto excedería sus funciones ya que, al ser un representante electo por todos los claustros, su adhesión implica directamente a la Universidad Nacional de Cuyo. Nos preocupa el accionar de la gestión, porque su pronunciamiento político no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de acciones cuestionables en el marco de la campaña electoral. La ausencia del candidato Suárez motivó que retiraran el material de difusión de un debate desarrollado en la Esc. del Magisterio, hecho de por sí cuestionable y que afectó a estudiantes y docentes que lo organizaron.  Las arbitrariedades se profundizaron cuando se utilizó la sede de la Fac. de Ciencias Aplicadas a la Industria de San Rafael para el lanzamiento de la campaña de Suárez/Abed, lo cual interrumpió el servicio educativo, la actividad de los laboratorios y procesos de producción que lleva adelante esa facultad, al dejar sin luz ni conectividad áreas enteras de la institución por el uso inmoderado que requirió sostener la puesta en red del evento electoralista. Estas acciones político-partidarias sin consenso suponen un mal uso de los bienes públicos relegándolos de sus genuinos fines. 

Otra vez embarran la cancha, con reingeniería de las sumas no remunerativas no bonificables. No pagar los aportes patronales es opacar nuestro salario, porque los aportes son para mantener la seguridad social que es imperiosa en tiempos de crisis. La devaluación impacta directamente en nuestros servicios de salud al poner en grave riesgo presupuestario al DAMSU. También aumenta la sensación de angustia e incertidumbre al pensar que nuestra “cláusula automática de actualización salarial” se cobrará recién en noviembre luego de que en octubre se conozca la inflación acumulada a septiembre. 

Fueron las luchas gigantes que dimos en 2018 y 2019 las que permitieron que nuestro salario comenzara a recuperar la blancura, en camino a salir de la pobreza ($18.500 para un ayudante de 1º con semi-exclusiva). Ante todos esto sucesos convocamos a la unidad para luchar por la educación en contexto de crisis. Debemos juntarnos en nuestros lugares de trabajo para analizar una respuesta de conjunto para defender nuestras condiciones de trabajo y de vida.