La inflación anual  publicada por el INDEC ascendió al 47,6% en el 2018. Según el mismo organismo, una familia tipo necesitó en diciembre $25.493,80 para no ser pobre y $10.197,53 para no caer en la indigencia. Todo ello en un contexto general de precios y tarifas en alza, despidos, aumento de la pobreza e indigencia, mayor desocupación y sub ocupación, precarización laboral y pérdida del poder de compra sin precedentes desde la crisis de 2001-2002 para las y los trabajadores en actividad y jubilados, así como también para las familias beneficiarias de planes sociales.

 

Los acuerdos con el FMI del gobierno nacional imponen la profundización del ajuste  sobre el pueblo y la subordinación general de la economía del país a sus dictados. El FMI exige - y el gobierno acata sumisamente - la reforma del sistema jubilatorio y la reforma laboral, junto con la modificación de las convenciones colectivas de trabajo. Avanza la concentración de la economía con el cierre y la quiebra de miles de empresas, en particular del sector de las pequeñas y medianas. En tanto el gobierno impulsa la especulación financiera en detrimento de la producción.

 

Está claro que el gobierno de Cambiemos ha decidido priorizar sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional pagando los intereses del obsceno endeudamiento contraído, resignando el bienestar de millones de argentinos y argentinas que ven a diario deteriorada su calidad de vida. En este marco de altísima inflación (la más alta desde 1991 para el año 2018 y un piso de 30% para este año), las y los trabajadores estatales y la docencia en particular,  somos de los grandes perdedores del modelo económico.

 

En la actualidad la Garantía Salarial para el cargo testigo (Auxiliar de Primera, con Dedicación Semiexclusiva) se mantiene en $14.067, muy por debajo de la línea de pobreza.

 

Hasta ahora los incrementos salariales universitarios y preuniversitarios recibidos desde marzo de 2018 fueron un 15% al básico de 2017 y sumas fijas (remunerativas y no bonificables, sin pago de zona desfavorable ni adicionales por posgrados y especializaciones) que en el mejor de los casos llegaron al 10% y en otros no superaron el 7%, promediando un incremento total en 2018 de 22%-25%. A ello se sumó un 5% “en negro” que el gobierno pagó de manera unilateral en enero en concepto de “Adelanto a cuenta de futuros aumentos”  para intentar encubrir el enorme retraso  con respecto a la inflación, además  que ni siquiera cumplió con la cláusula de revisión del acta firmada. 

 

CONADU HISTÓRICA rechazó el acuerdo salarial 2018 por considerarlo insuficiente en términos porcentuales en relación a la inflación, los precios y tarifazos, y por no contener una cláusula gatillo que actualice los sueldos de manera automática. Pero fundamentalmente rechazamos la incorporación de sumas fijas y en negro que congelan nuestros salarios básicos a octubre de 2018, distorsionan el nomenclador docente universitario y preuniversitario, perjudican al sistema previsional en general y a los actuales y futuros jubilados en particular, desfinancian a nuestras Obras Sociales Universitarias (ya en crisis), afectan los ingresos de quienes perciben adicionales por zona desfavorable y títulos de posgrado y especialización, todo ello en clara violación a nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. Sumas fijas y en negro es volver a las políticas Menemistas de los noventa. En el 2005, luego de una lucha muy larga y difícil  logramos que todo nuestro salario volviera a estar “en blanco”. El gobierno ahora nos hace retroceder más de 20 años.

 

Si tomamos el período de nuestra paritaria (marzo a febrero), probablemente la inflación ya supere el 48%. Acumularemos entonces una pérdida salarial de entre el 18 al 20%. Es la situación más gravosa de los últimos 15 años. A enero  mantener el poder adquisitivo implicaba un aumento del 16,6%. En marzo estaremos peor. Por ello reclamos como mínimo un 20% de aumento para recuperar lo perdido en 2018, y el pase al básico de todas las sumas fijas y en negro. Exigimos además, la inmediata inclusión de CONADU HISTÓRICA en las negociaciones paritarias, ya que hemos sido ilegalmente excluidos por no aceptar el acuerdo salarial el año pasado. Avalar esta exclusión ilegítima por parte de las Federaciones CONADU, FEDUN,  FAGDUT, CTERA y UDA (firmantes del acuerdo) es hacerle el juego al gobierno. Llamamos a todos los gremios de la docencia universitaria y preuniversitaria a  retomar el camino de la unidad y a coordinar la lucha por nuestros  reclamos, pues es una condición necesaria para lograr enfrentar y frenar al ajuste  que padecemos. En agosto del 2018 protagonizamos en conjunto las movilizaciones universitarias más grandes de la historia argentina que tuvieron el apoyo y la simpatía de la gran mayoría de la población y pusieron la problemática universitaria en la agenda central del país. Ese es el camino a seguir.

 

El gobierno nacional impuso en el Congreso la aprobación de un presupuesto que implicará que las Universidades tengan un 20% menos de fondos en promedio con respecto al 2018. Para el 2019 el presupuesto universitario se incrementó en  un 29% en promedio, cuando la inflación - repetimos - fue en el 2018 del 47,6%. En una parte importante de las Universidades Nacionales el incremento es menor todavía, llegando sólo a un 24 o 25%. El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a Rectores de todo el sistema), no hizo nada para denunciar este recorte y en los hechos aceptó este ajuste. Sólo algunos pocos expresaron públicamente críticas al presupuesto de ajuste aprobado. Este año está comprometido el normal funcionamiento de las Universidades por el profundo ajuste en el presupuesto. Con el alza del costo de vida y el ajuste en las becas estudiantiles miles de jóvenes corren peligro de ser expulsados por la crisis económica del sistema universitario. Tampoco aparecen partidas para aplicación del CCT, comedores, residencias, jardines parentales ni para que funcionen los protocolos contra la violencia de género. Advertimos que en estas condiciones, es imposible que retornemos a las aulas en marzo.

 

Se está desmantelando también el sistema científico tecnológico nacional. Al ajuste en las Universidades – en las que se realiza alrededor del 70% de la investigación científica del país - se suma el feroz ajuste en los organismos nacionales de ciencia y tecnología. Ajuste en el CONICET, INTI, INTA, CONEA, etc. Es una política de destrucción que condena al país al subdesarrollo y mayor dependencia con las consecuencias de agravamiento de las condiciones de vida de las mayorías y profundización de las desigualdades sociales. Un país que no invierte y ajusta en  educación, ciencia y tecnología, ajusta el futuro.

 

Como es una política de ajuste global resulta imprescindible el reclamo y la acción del conjunto de los y las trabajadores y los sectores sociales mayoritarios. Por ello insistimos en la necesidad imperiosa  de un paro nacional de 36 horas de todos los sectores como parte de un plan de lucha del conjunto para frenar el ajuste.

 

Promovemos que el 6 de marzo, fecha del inicio de clases de los niveles primario y secundario, podamos confluir todos los niveles educativos en un gran paro nacional de 24 o 48 horas, pues estamos frente a un ajuste general sobre la Educación pública, gratuita y laica. Todos los sectores educativos estamos sufriendo la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo y por lo tanto tenemos que mostrar en conjunto nuestros reclamos. Y obviamente para el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos sumamos con las modalidades que cada sector y asociación defina al Paro de Mujeres para decirle basta al ajuste neoliberal que feminiza la pobreza e indigencia, así como la precarización laboral, con la contracara de aumento de la brecha salarial en detrimento de los ingresos de las mujeres y el crecimiento repudiable de violencia machista en todos los ámbitos, que ya arrojó 29 víctimas de femicidios y travesticidios desde el comienzo de 2019.

 

Llamamos a toda la docencia universitaria y preuniversitaria a preparar el no inicio de clases en las Universidades Nacionales si no tenemos respuestas mínimamente favorables.

 

Esto es un incremento salarial inmediato de un 20% para compensar la pérdida por inflación del 2018  y un 30% de piso para discutir el año 2019 más cláusula gatillo, pase de todas las sumas fijas al básico, salario para las y los docentes ad honorem, eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, aplicación plena del CCT y más presupuesto para  las Universidades públicas.

 

Esta es la propuesta que impulsamos para discutir con toda la docencia universitaria y preuniversitaria y llamamos a todas las Federaciones y gremios universitarios a coordinar las acciones en defensa de nuestros salarios, y en conjunto con el movimiento estudiantil y los y las trabajadores no docentes, la defensa de la Universidad pública.

 

CONADU HISTÓRICA

Febrero de 2019.